La Ley 39/2015 es la normativa que regula el procedimiento administrativo común de las administraciones públicas en España. Su objetivo principal era modernizar y simplificar los trámites administrativos haciendo que la relación entre los ciudadanos y las administraciones sea más sencilla, transparente y eficiente. Es, por tanto, una ley clave puesto que al hablar del respeto a los derechos que nos asisten a todos los ciudadanos ante las administraciones públicas estamos hablando de Estado de Derecho. Diez años después de su aprobación, el Consejo Consultivo de Andalucía, en colaboración con el Consejo de Estado, ha decidido hacer un repaso exhaustivo de la operatividad de una ley que, con el transcurso de los años, ha planteado algunos interrogantes y la necesidad de adecuarla tanto a la realidad social, que ha evolucionado, como a las propuestas y requerimientos de buena administración que los tribunales y los consejos consultivos están poniendo de manifiesto a lo largo de estos diez años. Más de cien personas llegadas de toda España (letrados, consejeros de consejos consultivos y presidentes) se reúnen hoy en el Palacio de Bibataubín para desgranar los pormenores de la Ley 39/2015 en una jornada que lleva por título: 10 años de la ley 39/2015: una mirada crítica desde la función consultiva.
La presidenta del Consejo Consultivo de Andalucía, María Jesús Gallardo Castillo explicó en la inauguración de la jornada que, diez años después, es fundamental acometer una reforma integral de la ley que mejore la regulación de los procedimientos administrativos. “Han pasado diez años y ya es necesario acometer su reforma, sobre todo en algunos aspectos que son claves para mejorar el funcionamiento de las administraciones y respetar los derechos de los ciudadanos. Por eso entiendo oportuna y absolutamente necesaria esta jornada formativa que hoy celebramos en la que se pondrán en valor los pronunciamientos jurisprudenciales, la doctrina del Consejo de Estado y de los consejos consultivos que interpretan y aplican la Ley 39/2015, con el objetivo de que los asistentes a la jornada (fundamentalmente funcionarios públicos que la manejan a la hora de realizar los procedimientos) lo hagan siguiendo dichas pautas, porque de ello depende que la administración funcione de forma eficaz y correcta y que los derechos de los ciudadanos sean respetados. Y si lográramos, además, que el legislador acometiera dicha reforma siguiendo estos parámetros, mejor”, manifestó.
Junto a ella, en la inauguración del curso estuvo presente la presidenta del Consejo de Estado, Carmen Calvo, quien insistió en la importancia de una ley que es capital para las autonomías, los ayuntamientos y el Gobierno de la Nación. En esta línea apuntó dos reflexiones del Consejo de Estado. “La primera, compartida con otros consejos de estado europeos, es que los estados actuales tienen demasiadas leyes, por eso es tan importante revisar las que tenemos, para modificarlas y no sobrecargar el sistema normativo. Este país en 47 años ha hecho más de 50.000 leyes, deberíamos de legislar en lo que fuera importante y necesario pero aprovechar modificaciones de leyes y no tener este impulso normativo; la segunda preocupación es el lenguaje jurídico, los ciudadanos tienen derecho a leer una ley y entenderla, hay que hacer un esfuerzo para que el lenguaje sea claro, en este sentido hemos hecho un convenio con la Real Academia de la Lengua porque los ciudadanos cada vez necesitan más técnicos para hacer cualquier cosa con la administración, si el lenguaje no es claro la gente se siente lejos, no sabe si pisa seguro y tiene desconfianza incluso inseguridad de lo que tiene que hacer y cumplir”, aseguró.
Por su parte, el consejero de Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación, Antonio Sanz, alabó la iniciativa del Consejo Consultivo de Andalucía y subrayó su papel fundamental en esta tarea de interpretación de las normas. Apuntó como objetivo de todas administraciones ser capaces de ofrecer a la sociedad un servicio eficiente y ágil. En este sentido, Sanz reconoció que ese proceso de transformación digital requiere actualizar normas. “En diez años la administración ha cambiado mucho, hay necesidad de interpretación constante en cuestiones del día a día como la digitalización, notificaciones electrónicas… de ahí que sean necesarios procedimientos de simplificación e incorporar los criterios interpretativos de los consejos consultivos. “Queremos una administración más útil al servicio del ciudadano. La Junta de Andalucía quiere ser pionera en materia de simplificación administrativa por eso anunciamos que este verano aprobaremos el ‘Triplán’ un plan para la simplificación administrativa que contendrá la primera reforma en 40 años de la administración territorial de Andalucía (primera puerta de entrada del ciudadano), la digitalización de la administración pensando en las personas y una estrategia de modernización de procedimientos y trámites de la administración con los ciudadanos”, anunció. Además también avanzó que en los próximos meses se incorporará al Parlamento una nueva ley de simplificación administrativa que haga un compendio de todos los decretos leyes existentes.
A lo largo de su conferencia: Diez años desde la aprobación de la Ley 39/2015, de Procedimiento Administrativo Común: motivos para su reforma, la presidenta del Consejo Consultivo de Andalucía, María Jesús Gallardo Castillo, destacó la cantidad de interrogantes que esta normativa ha planteado a la hora de interpretarla y aplicarla desde que fue aprobada en 2015: “Por ejemplo en la administración electrónica, y muy singularmente en las notificaciones electrónicas, la ley no establece las consecuencias de la falta de aviso del depósito de la notificación, o cuándo comienza el plazo para interponer recurso en caso de que el interesado no acceda a la notificación. Por otra parte, la pretendida simplificación no ha sido, en mi opinión, bien abordada en la ley, porque simplificar es algo más que acortar plazos. Simplificar es hacer los procedimientos más sencillos, más fáciles y menos complicados, eliminando lo superfluo. En materia de subsanación de solicitudes podríamos decir lo mismo. Ahí el legislador se ha quedado corto a la hora de establecer las consecuencias de no hacerlo correctamente e incluso hay aspectos, como la subsanación electrónica, cuya redacción ha dado lugar a interpretaciones divergentes. Lo mismo cabría decir de la revisión de oficio o del procedimiento de responsabilidad patrimonial, que son materias en las que hay mucho margen de mejora regulatoria y hay muchos derechos de los ciudadanos en juego”, añadió la presidenta del Consejo Consultivo de Andalucía.
Entre los ponentes que han participado en la jornada se encuentran el magistrado especialista de lo contencioso-administrativo en el Tribunal Superior de Justicia de Asturias, José Ramón Chaves García, el consejero permanente del Consejo de Estado, Enrique Alonso García, la letrada mayor del Consejo Jurídico Consultivo de la Comunidad Valenciana, Patricia Boix, la jefa del Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía, María Dolores Pérez Pino, el letrado del Consejo de Estado Cristóbal Rodríguez Jiménez, y el letrado mayor del Consejo de Estado, José Luis Palma Fernández.
Jornada 10 años de la Ley 39/2015
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