Un acuerdo entre el Consejo Consultivo de Andalucía, la Universidad de Sevilla (a través del Instituto Manuel Clavero Arévalo) y la Consejería de Presidencia, Administración Pública e Interior (a través del Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía y el Instituto Andaluz de Administración Pública) ha permitido organizar hoy en Granada una jornada conmemorativa del XV aniversario de la aprobación de la reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía. A la cita han acudido más de medio centenar de empleados públicos de la comunidad autónoma.
La jornada de trabajo, celebrada en la sede del Consejo Consultivo, se ha articulado en base a dos mesas: la primera El impacto de la pandemia COVID-19 en la Comunidad Autónoma de Andalucía, en la que ha intervenido el coordinador del Gabinete Jurídico de la Junta, Antonio Faya, hablando de La resiliencia del Estado de las Autonomías frente al desafío de la COVID-19.
La jefa del Gabinete Jurídico, María Dolores Pérez Pino, ha titulado su ponencia La pandemia y los derechos de la ciudadanía; mientras que el letrado de la Junta de Andalucía, Ignacio Carrasco, ha pronunciado la conferencia La simplificación administrativa como instrumento. Para cerrar la mesa, la presidenta del Consejo Consultivo de Andalucía, María Jesús Gallardo Castillo, ha desgranado la responsabilidad patrimonial de las administraciones públicas y el COVID analizando varios escenarios de daños: los derivados del COVID, de la pasividad y la mala gestión de la Administración o los derivados de las medidas gubernamentales.
Dentro de estos escenarios ha distinguido entre las compensaciones por responsabilidad patrimonial o por expropiación forzosa. Éstas últimas indemnizables y entre las que se encuentran las requisas (por ejemplo la expropiación de carácter temporal de los respiradores de hospitales privados) y las ocupaciones temporales (por ejemplo de un terreno para la construcción de un hospital de campaña o de un hotel para destinarlo a afectados de COVID). Otras medidas, sin embargo, no son susceptibles de compensación económica pese a que pudieran resultar restrictivas de derechos tales como las incautaciones (mascarillas que no pasan los test de calidad y test de antígenos defectuosos) y los decomisos.
En su ponencia, Gallardo ha dado respuesta a la pregunta: ¿pervive la garantía indemnizatoria durante el estado de alarma? Rotundamente sí, aunque habrá que analizar si se dan las circunstancias para indemnizar los daños generados por la pandemia, para lo que hay que valorar si concurren o no circunstancias exoneradoras como la causa mayor o si se han incumplido protocolos.
La segunda mesa de la jornada ha llevado por título Recientes avances en el desarrollo legislativo de las competencias autonómicas. Han participado Concepción Barrero Rodríguez, catedrática de Derecho Administrativo de la Universidad de Sevilla, Ricardo Vicente Puyol, director de la Oficina Andaluza contra el Fraude y la Corrupción, Federico Castillo Blanco, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Granada y Manuel Rebollo, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Córdoba.
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