El 13% de las resoluciones de contrato que se dictaminaron en el Consejo Consultivo de Andalucía durante el año 2022 estuvieron motivadas por el aumento desproporcionado de precios que la crisis económica global y los efectos de la guerra de Rusia están teniendo en la sociedad. Una realidad que se mantiene también a lo largo de 2023 y que ha hecho que numerosas empresas opten por abandonar contratos de obras, suministros y servicios públicos en diversos puntos de la Comunidad Autónoma, un trámite para el que se precisa el dictamen del Consejo Consultivo de Andalucía.
Así se desprende de la Memoria de 2022 que la presidenta del Consejo Consultivo de Andalucía, María Jesús Gallardo Castillo, ha entregado esta mañana al presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, en un acto que ha tenido lugar en San Telmo y con el que se da cumplimiento al artículo 2 del Reglamento orgánico del Consejo Consultivo andaluz.
Los datos globales que recoge la memoria de 2022 vuelven a revelar un aumento en las solicitudes de dictámenes realizadas por las administraciones: 1.149 frente a las 1.136 de 2021, así como en los dictámenes emitidos: 990 frente a los 989 de 2021, unos números que sitúan a Andalucía a la cabeza de los consejos consultivos de España (siguiendo muy cerca al Consejo de Estado en cuanto a volumen de trabajo).
La administración autonómica fue la que más solicitudes envió al Consejo Consultivo (538), con el SAS a la cabeza (258), seguida de la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda (55) y la Consejería de Empleo, Empresas y Trabajo Autónomo (55). Por su parte, la Administración local solicitó 440 dictámenes al órgano independiente. Málaga es, un año más, la ciudad que más dictámenes hace llegar al órgano consultivo (110 en 2022), seguida de Sevilla (82), Granada (61), Córdoba (56), Cádiz (53), Jaén (31), Almería (26) y Huelva (21).
Por materias, más de la mitad de los dictámenes que se emitieron a lo largo de 2022 fueron responsabilidades patrimoniales (510), siendo el SAS el que mayor número de dictámenes solicitó al Consejo Consultivo (259), seguido de las entidades locales (214). Sin embargo, solo se estimaron el 15% de estas reclamaciones (92). En el capítulo de reclamaciones patrimoniales destacan las caídas peatonales (110 frente a las 134 de 2021), de las que solo se estimaron 12. Tras las responsabilidades patrimoniales los asuntos más numerosos fueron las revisiones de oficio (275), los relacionados con la contratación administrativa (105) y los de Urbanismo (43).
Los dictámenes relacionados con la pandemia del COVID-19 han sufrido un leve aumento pasando de los 38 de 2021 a los 48 de 2022, lo que supone un porcentaje del 5% del total de asuntos dictaminados, la mayoría de ellos revisiones de oficio (28).
Al margen de los números que arroja la memoria, el Consejo siguió trabajando en 2022 en la divulgación de su labor, lo hizo participando en diversos cursos y conferencias. Así, la institución estuvo representada por su presidenta en la jornada del XV aniversario de la aprobación de la reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía, donde acudieron más de medio centenar de empleados públicos de la comunidad autónoma. María Jesús Gallardo impartió en el Instituto Andaluz de Administración Pública de Sevilla una conferencia sobre Responsabilidad patrimonial en tiempos de pandemia; desgranó en el CEMCI de Granada la notificación y las comunicaciones electrónicas, explicó junto a la Diputación de Jaén las reclamaciones sobre servicios públicos, y abordó la responsabilidad del estado legislador en las jornadas nacionales de la función consultiva que se celebraron en La Palma, entre otros.
De cara a 2024 el Consejo se prepara para poder hacer frente al ingente volumen de solicitudes que van en aumento año tras año y que a lo largo de 2023 han sufrido un aumento exponencial contabilizándose en tono a 300 solicitudes más que hace diez años.
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