El Consejo Consultivo de Andalucía organiza unas jornadas formativas para desentrañar la nueva ley de contratos del sector público.
Las contrataciones públicas que llevan a cabo las administraciones suponen el 20% del PIB nacional, de ahí que la ley de contratos del sector público sea uno de los temas más relevantes para el derecho administrativo. La entrada en vigor el pasado 9 de marzo de 2018 del nuevo texto legal ha supuesto un reto para la comunidad autónoma y para las corporaciones locales dada la complejidad de una normativa con 347 artículos y 53 disposiciones adicionales.
Para dar respuesta a todas estas dudas, el Consejo Consultivo de Andalucía (CCA) ha organizado una jornada formativa bajo el título ‘Contratación del sector público, viejos problemas, nuevas soluciones’ en la que han participado más de 120 personas relacionadas con la gestión en la administración autonómica y local, así como abogados y profesionales del derecho.
Durante la inauguración el presidente del Consejo Consultivo de Andalucía, Juan Cano Bueso, ha destacado como objetivos principales de la ley dotar de una mayor eficacia al proceso de contratación, introducir elementos de transparencia, reforzar la publicidad, mejorar la eficiencia del gasto público y reforzar la lucha contra la corrupción “poniendo más dificultades a las bajas temerarias que efectúan determinados contratistas”.
La nueva ley, que transpone tres directivas europeas, beneficiará a las administraciones locales ya que al ser más ágil elimina burocracia a las pymes, además, introduce criterios ambientales y sociales en la contratación, lo que favorecerá el empleo de personas con discapacidad. La presidenta de la Oficina Independiente de Supervisión y Regulación de la contratación, María José Santiago, resumió los principios de la nueva ley en: integridad, eficiencia, transparencia, contratación pública estratégica, simplificación administrativa, contratación electrónica y medidas de apoyo a pymes.
El presidente del Consejo Consultivo de Castilla y León, Mario Amilivia, así como el letrado de las Cortes Generales en excedencia, Juan José Lavilla Rubira, también participaron en la jornada.
A preguntas de los periodistas, el presidente del Consejo Consultivo de Andalucía se pronunció sobre la decisión del Supremo que establece ahora que el impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados lo paguen los clientes en lugar de las entidades bancarias. “Vemos esta situación con mucha preocupación, porque la seguridad jurídica es un valor esencial en el mundo del derecho. Los ciudadanos tienen que saber a qué atenerse cuando los jueces se pronuncian y aquí se ha producido una situación que no tiene precedentes en la historia judicial española” ha apuntado Cano Bueso. “Espero y deseo que en lo sucesivo estas cosas no vuelvan a pasar porque si hay un elemento que dota de seguridad jurídica al derecho público y privado es la certeza en el derecho y unas resoluciones judiciales claras y aplicables”.
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