El histórico Palacio de Bibataubín ha acogido la celebración de los 25 años del Consejo Consultivo de Andalucía en una jornada técnica en la que se ha expuesto el balance de su funcionamiento y la aportación jurídica de la institución durante este periodo.
El presidente del Consejo Consultivo de Andalucía, Juan Cano Bueso, abrió la sesión conmemorativa dando la bienvenida a la presidenta del Consejo de Estado, María Teresa Fernández de la Vega, y a los presidentes, consejeros y secretarios generales de los órganos consultivos de España. A continuación realizó un recorrido por la génesis y proceso de implantación del órgano andaluz, desde su creación en 1993 hasta su reconocimiento por el Estatuto de Autonomía de Andalucía en 2007 como institución de autogobierno andaluza. Resaltó la importancia que tuvo la reorganización del Consultivo en 2005 mediante la ley aprobada por unanimidad de todas las fuerzas políticas en el Parlamento, y auguró un futuro de éxito a la institución “por su imprescindible contribución al Estado de Derecho, a la calidad técnica de las leyes, a la buena Administración y a la defensa de los derechos de la ciudadanía ante las administraciones públicas andaluzas”.
La presidenta del Consejo de Estado, María Teresa Fernández de la Vega, fue la encargada de clausurar las jornadas. En su intervención, Fernández de la Vega propuso crear una convocatoria anual en el Consejo de Estado para reunir a todos los presidentes de los consejos consultivos de España y “abordar vías de cooperación”. “Somos atalayas desde las que se vigila el buen funcionamiento de los órganos públicos”, explicó, e hizo hincapié en el papel de los consejos como elemento de apoyo fundamental para el Estado de Derecho.
De la Vega apostó por desarrollar una función consultiva de proximidad al ciudadano con instrumentos del siglo XXI: “Nuevas tecnologías y redes que permitan iniciar un proceso de modernización para hacer llegar a la ciudadanía el trabajo que realizan los consejos consultivos”.
También participaron en las jornadas el catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Sevilla y ex consejero del Consejo Consultivo de Andalucía, Francisco López Menudo quien habló de la administración consultiva y su desconfiguración como sistema, mientras que Vicente Garrido, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Valencia y expresidente del Consejo Jurídico Consultivo de la Generalitat Valenciana pronunció la conferencia La responsabilidad patrimonial del Estado Legislador. Fernando Ledesma, consejero permanente de Estado, cerró las ponencias con su charla Función consultiva y realidad jurídica: las memorias anuales del Consejo de Estado.
En estos 25 años el Consejo Consultivo de Andalucía ha emitido casi 15.000 dictámenes (14.782), ha dado luz verde a 206 anteproyectos de ley y 808 proyectos de decreto. En 1994 el Consejo comenzó su andadura con un volumen de trabajo anual de apenas 37 dictámenes. Desde entonces, los números han ido creciendo exponencialmente hasta alcanzar el millar de dictámenes con el que se cerrará el año 2019, lo que da idea de la confianza depositada por las administraciones en el superior órgano consultivo de la Comunidad Autónoma.
A lo largo de estos años, el Consejo se ha pronunciado sobre 77 proyectos de orden, 51 recursos de inconstitucionalidad y 75 consultas facultativas. Las responsabilidades patrimoniales (indemnizaciones que piden los particulares por lesiones a consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos) copan, con diferencia, la mayor parte de los dictámenes del órgano. Desde 1994 se han dictaminado 7.602 casos. Le siguen las revisiones de oficio con 2.876 asuntos dictaminados y la contratación administrativa con 1.642 dictámenes. Los temas urbanísticos generaron 1.067 dictámenes y ha sido muy destacado el papel de la Institución en la preservación de los derechos medioambientales y en la lucha contra las ilegalidades urbanísticas.
Este volumen de trabajo, el mayor de todos los consejos consultivos de España, avala al órgano en el ejercicio de control externo a las administraciones y afianza su labor como garante de los derechos de los ciudadanos ante los procedimientos administrativos. El prestigio que en la doctrina científica han adquirido los fundamentos jurídicos que el órgano elabora queda reflejado en dictámenes emblemáticos como el emitido en el famoso caso de Lucía Echevarría relativo a la Ley de Derechos y Garantías de las personas en el proceso de la muerte, el emitido con motivo de la aprobación del Estatuto de Autonomía para Andalucía o las responsabilidades patrimoniales que se dirimieron tras la estafa de Forum Filatélico.
Fue el 18 de febrero de 1994 cuando el edificio de La Madraza albergó la primera sesión constituyente del Consejo Consultivo de Andalucía. El Parlamento andaluz, a través de la Ley 8/1993, creó un órgano que garantizara la calidad de las leyes, velara por los derechos de los ciudadanos ante la Administración y contribuyera a la consecución de una función pública eficaz, eficiente y de calidad al servicio de la ciudadanía andaluza. Las competencias y la naturaleza de la institución de autogobierno quedaron reguladas en el artículo 129 del Estatuto de Autonomía para Andalucía que establecía que el Consejo sería el superior órgano consultivo del Gobierno y de la Administración de la Junta de Andalucía, así como de las corporaciones locales y universidades y de los entes y organismos públicos dependientes de estas administraciones.
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